Según han informado a Efe fuentes del Ejecutivo que dirige Fabian Picardo, esta enmienda será votada mañana en el Parlamento gibraltareño una vez que ya se han analizado las conclusiones del estudio de la comisión técnica designada al efecto.
Si bien no han trascendido aún los detalles que incluirá dicha enmienda, el Gobierno de Gibraltar adelantó el pasado mes de junio que incluirá “cambios en las leyes que permitan una práctica sostenible de pesca con métodos sostenibles de pesca”, siempre que “todos los actores locales relevantes” los consideren “apropiados”.
Entre los aspectos de la reforma legislativo, el Ejecutivo del Peñón destacó un reglamento para el control de las actividades recreativas marinas, un aumento de los recursos para la protección medioambiental, medidas dirigidas al aumento de las poblaciones de todas las especies marinas y un aumento de la monitorización y la recogida de datos para garantizar una mayor capacidad de respuesta.
La reforma legislativa gibraltareña supondrá un paso más dentro del largo proceso abierto en marzo del pasado año, cuando el Gobierno de Gibraltar hizo firme su intención de prohibir la pesca de los barcos españoles en aguas próximas al Peñón, apelando a la ley medioambiental local de 1991 y rompiendo el “status quo” que supusieron los acuerdos de 1999 por los que el ex ministro principal, Peter Caruana, permitía faenar en esa zona a los pescadores del Campo de Gibraltar.
La presión ejercida desde esta fecha por las patrulleras de la Royal Gibraltar Police sobre los pesqueros campogibraltareños generó un clima de tensión que alcanzó su máximo nivel en mayo del pasado año, cuando se produjeron los incidentes más graves entre la Policía gibraltareña y los pescadores españoles, lo que desembocó en la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de proteger a los pescadores españoles con patrulleras de la Guardia Civil.
Paralelamente, se inició un proceso de negociación que encabezaron por la parte española los representantes del sector pesquero de Algeciras y La Línea, que defienden que faenan de acuerdo a la legislación comunitaria.
