Süddeutsche Zeitung
19 de agosto 2013
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“Totalmente disparatado”
Gibraltar vierte graves acusaciones contra el Gobierno español
Gibraltar – El Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha acusado al Gobierno español de exagerar las diferencias sobre un arrecife artificial frente a la península [de Gibraltar] para desviar la atención de su propios casos de corrupción y dinero negro. En una entrevista con el diario Süddeutsche Zeitung, Picardo sostiene que el arrecife de bloques de hormigón perforados sirve para la recuperación de la fauna marina en un sector sobreexplotado. Medidas como la ralentización de los controles fronterizos impuestos por Madrid, que provocan horas de espera en pleno verano, y la amenaza de restringir el espacio aéreo para los aviones de Gibraltar son totalmente disparatadas. Perjudicarían a miles de españoles de la región que trabajan en Gibraltar. Picardo, miembro del Partido Laborista de Gibraltar, acusa a la cúpula política en Madrid de querer anexionar el territorio autónomo británico de ultramar de nuevo a España.
Política – Página 7
“Estamos sencillamente espantados”
Fabián Picardo, Ministro Principal de Gibraltar, acusa al gobierno de Madrid de tratar de desviar la atención de sus propios escándalos con sus amenazas contra el territorio de ultramar británico. Esto también indigna a muchos españoles.
Entrevista: Thomas Urban
El conflicto entre Madrid y Londres acerca del territorio de ultramar británico de Gibraltar acapara titulares desde hace semanas. Madrid acusa a las autoridades de Gibraltar de bloquear por medio de un arrecife artificial el acceso de barcos pesqueros españoles a sus caladeros. La parte británica se queja de acoso fronterizo. Ahora Londres ha enviado una unidad naval. El Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, critica que el Gobierno español empeora la situación.
SZ: Ministro, existe un conflicto entre Madrid y su Gobierno a causa de un arrecife artificial de 100 metros de largo. Pero en lugar de buscar la distensión, en su puerto atracarán buques de guerra británicos. ¿Esto significa un retorno a la vieja diplomacia de las cañoneras?
Fabián Picardo: Con cañoneras se hacía política en el siglo XIX. Nuestro objetivo hoy en día es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a través de la cooperación. Por desgracia, estamos viendo en estos días como la política española dramatiza los asuntos y, por lo tanto, agrava la situación para sus propios ciudadanos de la región circundante. Además, la visita de la flota británica se acordó hace algún tiempo, de lo que Madrid también fue informada oficialmente.
¿Porque se creó este arrecife impidiendo así el acceso de los barcos pesqueros españoles a los caladeros?
En primer lugar, se trata de una parte de nuestra bahía de un escaso medio kilómetro cuadrado que está completamente sobreexplotada, en la que los barcos españoles pueden faenar en un principio. Últimamente solo faenaba un barco aquí. En segundo lugar, hemos copiado exactamente las medidas de conservación medioambientales que la Junta de Andalucía ha tomado aquí en la costa: la creación de arrecifes artificiales hechos de bloques de hormigón con grandes agujeros que favorecen el asentamiento de la vida marina típica de la zona. Y es completamente erróneo, tal y como lo retrata una parte de los medios de comunicación españoles, que estos bloques se sumergieran en aguas territoriales españolas.
¿Pero no se informó a la parte española con anterioridad?
Por supuesto, los pescadores españoles estaban al corriente. Menos aún entendemos la reacción totalmente desproporcionada de Madrid. Aunque ésta, sin embargo, se ajusta bastante a la política sobre Gibraltar de los conservadores que gobiernan desde finales de 2011. El número de pequeños enfrentamientos ante nuestro puerto se ha multiplicado. Recientemente vivimos el caso de una patrullera española que disparó a una moto acuática [gibraltareña] en nuestras aguas con balas de goma.
¿Pero por qué no se pueden aclarar estas cosas a nivel diplomático?
Porque el gobierno español ha cortado cualquier canal de comunicación. Esto incluye a una comisión tripartita integrada por representantes de Madrid, Londres y Gibraltar. Éste sería el foro adecuado para resolver todas las diferencias. En su lugar, nos quedamos impactados por el anuncio público de un elenco de sanciones castigadoras: controles en el paso fronterizo que provocan atascos kilométricos, amenazas de cobrar una tasa de 50 euros por cada cruce de frontera o restricciones del espacio aéreo que obligarían a los aviones a realizar maniobras peligrosas.
¿Maniobras peligrosas debidas a qué?
Exigiría que el piloto realizara un giro muy cerrado en la aproximación de aterrizaje en una zona de fuertes turbulencias debido a la [cercanía del] Peñón.
¿Por qué se va incrementar el riesgo para los pasajeros sin necesidad alguna?
Pero la introducción de una tasa fronteriza tendría un duro impacto para los habitantes de Gibraltar, sobre todo porque llegarían menos turistas.
Impactaría de igual manera a los españoles que trabajan aquí. Son alrededor de 10.000. Los políticos españoles de la región se han dirigido en numerosas ocasiones a nosotros para hacernos saber cuánto lamentan la política de confrontación de Madrid. En Gibraltar gozamos de una situación de casi pleno empleo; en Andalucía, sin embargo, la tasa de desempleo es muy alta. La región sufriría bajo una obstrucción de la libre circulación, como fue el caso en los tiempos del dictador Franco.
¿Y cómo fue con Franco?
Cerró Gibraltar a cal y canto en 1969. El primer paso fue la prohibición, de la noche a la mañana, de exportar bombonas de oxígeno [a Gibraltar]. Como resultado, éstas escaseaban en los hospitales para la respiración artificial y murieron pacientes. El cierre de la frontera desmembró a las familias, de la misma manera que el Muro de Berlín.
¿Cómo se vivió el día a día?
Quién quería visitar a sus familiares, tenía que tomar el ferry a Marruecos y desde allí regresar por mar [a España]. Los 16 años que duró esta situación hasta 1985, cuando diez años después de la muerte de Franco la frontera finalmente se abrió de nuevo, siguen siendo hoy una experiencia traumática para la población de la región, para nosotros, igual que para el lado español. Después de todo, se produjeron cientos de matrimonios entre gente de ambos lados de la frontera. Mi madre llegó demasiado tarde para presenciar la muerte de su hermano en Algeciras, al otro lado de la Bahía, un trayecto de un cuarto de hora en coche desde aquí, por el rodeo de dos días que había que dar por Marruecos.
¿Cómo reacciona la gente aquí a la escalada de la confrontación?
En nuestra ciudad vecina de La Línea, con la que tenemos muy buenas relaciones, están sencillamente espantados. Incluso la policía española, su servicio marítimo y los servicios de rescate, con los que trabajamos muy bien, no entienden a su propio Gobierno en la lejana Madrid. Y la gente está indignada, ya que es obvio que el Gobierno quiere distraer la atención de sus propios problemas de escándalos de corrupción y dinero negro.
Madrid dice todo lo contrario: Gibraltar es un paraíso para los evasores de impuestos, los blanqueadores de dinero y los especuladores financieros.
Tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE nos han examinado al detalle: nuestro sistema financiero es transparente, se cumplen todas las normas internacionales. Además, tenemos acuerdos de intercambio de información fiscal con 26 países, entre ellos Alemania y EE.UU., que son muy estrictos en estos temas. Aunque a la parte española le gusta repetir sus acusaciones, nunca las ha podido fundamentar hasta el momento.
Ahora, Madrid solicita la aplicación de la Resolución 1966 de la ONU, pidiendo el fin de la situación colonial de Gibraltar.
Estamos totalmente de acuerdo con esta solicitud. La diferencia radica en las ideas acerca de las consecuencias. Madrid insiste en el concepto de “integridad territorial”, en otras palabras, la reincorporación de Gibraltar a España, a pesar del hecho de que lo cedió por tratado al final de la Guerra de Sucesión Española hace exactamente 300 años.
¿Y usted en qué insiste?
Para nosotros, el criterio clave es la autodeterminación de los pueblos, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. La situación es clara: todos los referendos han demostrado que nuestros 30.000 ciudadanos quieren seguir perteneciendo al Reino Unido, con un máximo de autonomía, por supuesto. La última votación se llevó a cabo en 2002 y el 99% votó en contra de una transferencia de derechos de soberanía a España. Hoy en día, el resultado no sería diferente.
