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El agua que ocupa y preocupa en estos días es la de los manantiales del arrollo de la Garganta del Capitán, en función de la orden de la Conserjería de Medio Ambiente de la Junta de prohibir la captación de las mismas para explotarlas de cara al consumo humano. Y obligando al Consistorio a destruir una infraestructura en la que se invirtieron más de 600.000 euros hace sólo 16 años, despilfarro al que se uniría el de no usar un agua útil que se perdería en el mar, todo lo cual conlleva el tener que aumentar el coste del agua al ciudadano.
La respuesta del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce ha sido la de calificar la medida como “puñalada”, y aunque algunos entienda que el primer edil de Algeciras se ha pasado, creemos que se ha quedado corto, al no añadir lo de puñalada el calificativo de:”Trapera” : Puñalada que se da por atrás.
La otra parte, la que ha dictado la medida, por boca del delegado territorial de Medio Ambiente, Federico Fernández, justificó ayer la decisión de la Junta con esta argumentación: “Si me viene una denuncia de los ecologistas y de la Policía Autonómica en la que ponen en conocimiento estas tomas de agua y en el expediente lo único que hay es una autorización en precario del año 1962, tengo que actuar y normalizar esta situación desde un punto de vista administrativo”.
Sabido es que cuando están de por medio las siglas PSOE y PP, los unos gobernando y los otros en la oposición y viceversa, a nivel de cualquier administración las relaciones entre los dos grandes partidos no son fluidas sino de total confrontación, pero para todo una línea roja que en esta ocasión la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha traspasado, y para ello se escuda o justifica que la medida se ha tomado ahora por la denuncia de sobreexplotación del caudal hecha por Ecologistas en Acción, queriendo con ello alejar cualquier sospecha de que se hace en este mandato porque el Ayuntamiento ahora es de otro color político.
