TCAM-LA LÍNEA/REDACCIÓN
El Gobierno británico ha evitado instar expresamente a Gibraltar a que llegue a un acuerdo con los pescadores de La Línea de la Concepción y Algeciras que faenan en las aguas que rodean el Peñón, tal y como quiere España.
El ministro británico de Exteriores, William Hague, ha reconocido tras reunirse con su colega español, José Manuel García-Margallo, que “evidentemente” las posiciones que ambos mantienen en torno a este conflicto “difieren”, si bien los dos reconocen la importancia de “establecer un diálogo entre todas las partes” para alcanzar una solución “local” a este problema.
La declaración de Hague, difundida por el Foreign Office, es distinta de la que hizo García-Margallo al término de la reunión. “Los Gobiernos de Reino Unido y España animan a las partes (Gobierno gibraltareño y pescadores de La Línea y Algeciras) a encontrar un acuerdo que sea satisfactorio y que permita a nuestros barcos faenar donde han faenado toda la vida”, dijo García-Margallo.
Horas antes, el ministro había confirmado su intención de pedir a Hague que instara a Gibraltar a ser “razonable” y a llegar a un acuerdo con los pescadores para que pudieran seguir faenando en las aguas que Reino Unido y Gibraltar reclaman como propias, pero que España no les reconoce.
Hague, sin embargo, se ha limitado a señalar tras la reunión con Margallo: “Reiteramos nuestro apoyo conjunto a una solución local en la actual disputa pesquera en Gibraltar. Evidentemente nuestras visiones en esto difieren, pero ambos reconocemos la importancia de establecer un diálogo entre todas las partes. Espero trabajar estrechamente con el ministro (García-Margallo) en el futuro”.
El conflicto entre Gibraltar y los pescadores de La Línea de la Concepción y Algeciras comenzó en marzo pasado, cuando el nuevo ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, rompió unilateralmente un acuerdo de 1999 que permitía a la flota gaditana faenar sin restricciones en las aguas que Reino Unido y Gibraltar reclaman como propias pero que España no les reconoce.
Desde entonces, la Policía gibraltareña, en ocasiones apoyada por una patrullera de la Royal Navy, hostiga a los barcos españoles que intentan pescar dentro de las aguas en disputa.
Picardo quiere imponer a la flota gaditana el cumplimiento de una ley de protección medioambiental de 1991 que prohíbe que se pesque con determinadas artes. España no tiene nada que objetar al objetivo de la norma. El problema estriba en dónde se puede aplicar esa ley, pues existe una disputa en torno a la soberanía de las aguas que rodean el Peñón.
España, basándose en el Tratado de Utrecht por el que cedió a la Corona británica la ciudad de Gibraltar, no reconoce a Reino Unido más aguas que las del interior del puerto. Londres, en cambio, entiende que por aplicación de la convención de la ley del mar tiene una milla y media de aguas territoriales hacia Algeciras y tres millas hacia mar abierto.
En 1999, el Gobierno gibraltareño de Peter Caruana llegó a un acuerdo con los pescadores gaditanos para que pudieran faenar sin restricciones (es decir, sin que tuvieran que cumplir la ley del 91) en las aguas que Reino Unido reclama como británicas, siempre y cuando no se acercaran a menos de 225 metros de la costa. España considera este acuerdo como una solución razonable, por lo que busca volver a él o encontrar un arreglo similar.
