TCAM-GRANADA/M.P.
Durante una comparecencia en Granada, el consejero de Educación de la Junta de Andalucía en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, ha criticado la decisión “calculada, fría, insensible y cobarde” del Gobierno Central de recurrir ante el Tribunal Constitucional la convocatoria de oposiciones andaluzas y ha exigido al líder regional de los populares, Javier Arenas, que pida la retirada de ese recurso, que deja el proceso en suspensión cautelar durante cinco meses.
El consejero ha censurado además que el Gobierno andaluz haya conocido la “gravísima” noticia por los medios de comunicación y que no haya habido comunicación oficial por escrito de manera previa, lo que ha dejado a la Junta de Andalucía “sin posibilidad de defensa”.
Asimismo, le ha reprochado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que haya “ocultado” su decisión y la haya tomado justo en el último día posible, cuando ha tenido cuatro meses para hacerlo. Para el consejero es además “doloroso” constatar que con las mismas circunstancias, superando también la tasa de reposición del 10 por ciento, el recurso no se haya planteado contra la oferta pública en el País Vasco, simplemente porque en esa comunidad “habrá elecciones el próximo año”.
La Junta trasladó al Gobierno su decisión de ofertar empleo público
El consejero ha hecho un relato cronológico de los hechos para explicar cuál ha sido la posición del Gobierno andaluz y cuál la del Gobierno de Mariano Rajoy.
Según ha detallado, el 18 de octubre de 2011, la Consejería ya trasladó al Gobierno en la conferencia sectorial de educación su intención de convocar la oferta de empleo público docente; el 27 de diciembre el Consejo de Gobierno de la Junta aprueba el decreto, que se había pactado previamente con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Educación; y el 26 de enero de 2012, el Gobierno de Andalucía reitera su intención, aunque el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, le pidió que no lo hiciera porque provocaría un “efecto llamada”.
El 7 de febrero, ha recordado Álvarez de la Chica, el Ministerio publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el cambio de temario de las oposiciones “mediante una orden desconocida para el conjunto de las comunidades autónomas”, en lo que supuso el “primer golpe en la mandíbula y a traición a los opositores”; el 13 de febrero, después de que la Conserjería decidiera junto a los sindicatos no recurrir esa decisión, De la Chica firmó la orden de la convocatoria de oposiciones de Secundaria; el 15 de febrero, la Junta de Andalucía acepta reunirse con el Ministerio de Hacienda al ser emplazada para que aclarase algunos de los términos de esa convocatoria; la reunión se produce el 20 de febrero, “sin poner ningún informe jurídico y administrativo sobre la mesa” y el Gobierno andaluz queda a la espera de una nueva convocatoria mientras Hacienda estudiaba el asunto, aunque ésta no se ha producido, según el consejero.
El 22 de febrero se publicó la convocatoria para la inscripción de los aspirantes, que concluye el 12 de marzo con la inscripción de 33.154 opositores, y en la semana previa a las elecciones andaluzas, la Junta intenta ponerse en contacto con el Ministerio de Hacienda para comprobar si se puede alcanzar un acuerdo, puesto que Cristóbal Montoro afirma en el Senado por entonces que no recurrirá las del País Vasco. Tras reiteradas llamadas, la Junta de Andalucía no consigue una respuesta y, de pronto, se entera este viernes, “por los medios de comunicación”, de la “decisión gravísima” del Gobierno de recurrir las oposiciones ante el TC.
No ha habido comunicación previa por parte del Gobierno
El consejero plantea al Gobierno varias preguntas: “¿Por qué toman esta decisión calculada, fría, insensible y cobarde de esta manera el último día posible de los cuatro meses que han tenido? ¿Por qué no lo hicieron el 9 de enero si pensaban que era inconstitucional? ¿Por qué han elegido este procedimiento? Porque es el que más daño hace, especialmente a los opositores, y deja a la Junta de Andalucía sin posibilidad de defensa. ¿Por qué no han acudido a la vía contencioso-administrativa? Porque saben que corrían el riesgo cierto de que no les hubieran dado la razón”, ha considerado el consejero.
Para Álvarez de la Chica, el Gobierno tiene la “obligación ética y moral” de responder a la pregunta de por qué no ha habido comunicación previa alguna, porque, según ha indicado, se podría haber alcanzado un acuerdo para evitar la situación actual. “Claramente no ha existido voluntad de diálogo, han querido hacer daño”, ha considerado el consejero, que ha incidido en la importancia del sistema educativo público andaluz y en la necesidad de una oferta pública que no supone más gasto pero sí más estabilidad a los profesores.
“Este es un ataque más, un ataque infame a Andalucía, pero yo le digo a Rajoy, al PP, y al PP andaluz que ni nos van a callar, ni nos van a poner de rodillas. Vamos a defender con uñas y dientes el Estatuto de Andalucía y el derecho a tener una educación pública de calidad”, ha mantenido el consejero, que ha exigido a Arenas que acabe con su “escandaloso silencio” y pida al Gobierno central la retirada del recurso.
El consejero ha defendido que de las 2.389 convocadas, 1.752 corresponden a la aplicación del estatuto básico del empleado público, y por lo tanto, solo 637 son sobre la tasa de reposición, es decir, un 19,43 por ciento. Por ello, de haberse producido una comunicación oficial del Gobierno, la Junta de Andalucía hubiera estado dispuesta a plantear las 310 plazas menos necesarias para alcanzar la cuota requerida, “pero no han querido dialogar, han querido hacer daño”.
“Esta ha sido la solución más cobarde, porque les da cinco meses que ya nos ocasionan un perjuicio, y no podemos hacer nada, solo esperar”, ha indicado el titular de Educación en Andalucía, que está dispuesto a que, si se levanta la suspensión, se convoquen las oposiciones lo antes posible, en septiembre o diciembre.
33.154 aspirantes a 2.389 plazas se verán afectados
Álvarez de la Chica ha querido hacer un reconocimiento a los 33.154 aspirantes a las 2.389 plazas convocadas por la Consejería de Educación que “hoy viven un día muy duro después de tanto esfuerzo y dinero empleado en estos cuatro meses de angustia a los que les ha sometido el Gobierno”. “Comprendo su situación, sé cuál es su estado de ánimo, y que se han visto inmerecidamente sometidos al comportamiento inaceptable del PP. Nosotros hemos hecho todo lo posible”, ha apuntado el consejero, para quien el PP quiere con esta decisión ahorrar “de la forma más fácil pero más injusta”.
También a los sindicatos ha querido agradecer su “actitud leal” por su apoyo “desde el principio” a la oferta pública de empleo y por su defensa “rotunda” de la educación pública andaluza, mediante un “diálogo sincero y fructífero”.
