Ante esta situación, Espadas señala que «hasta que se normalice algo más, no vamos a conseguir un nivel de construcción suficiente ni vamos a conseguir tampoco reducir el número de gente que renuncia» a una vivienda de protección oficial (VPO). Está ocurriendo que adjudicatarios de una vivienda, se ven abocadas a renunciara ella porque los bancos le deniegan los préstamos hipotecarios. El consejero se ha referido así, en declaraciones efectuadas en Córdoba, a la multitud de casos que se están conociendo de personas que, tras ser agraciados en un sorteo con una VPO, se ven abocadas a renunciar a ellas porque las entidades financieras les deniegan los préstamos hipotecarios. Sin embargo, Juan Espadas ha recordado que esta situación también puede producirse al inicio de la promoción, cuando el promotor solicita el crédito para construir las viviendas. Si esto sucede, «no se genera la oferta que se necesita». Eso sí, si es al adquiriente al que le deniegan la hipoteca, «al final la vivienda no llega al que lo necesita», ha alertado.A pesar de estas más o menos veladas críticas a las entidades financieras, Espadas se ha mostrado convencido de que esta situación es «coyuntural», ya que el negocio de los bancos es prestar dinero. Por tanto, «la escasez de créditos que pueden otorgar las entidades financieras llevan a que analicen con lupa a quien prestan ese dinero». En la medida de que está situación se vaya resolviendo, «se volverá a una cierta normalidad, que nunca será la que vivimos años atrás con un crédito fácil y de riesgo. Todos han aprendido la lección de que es necesario plantear el endeudamiento y la financiación a las personas o a las empresas en niveles de riesgo razonables», ha argumentado. En este punto, Espadas ha recordado que la Junta concede unas ayudas a la entrada, contempladas en el Plan de Vivienda, que suponen el 20% del valor de la hipoteca que, en la actualidad, no está dando las entidades financieras. No obstante, sí ha dicho ser consciente de que las listas, en el caso de la VPO, son mucho mayores en demanda que en oferta, «con lo cual, los pisos se están entregando, adjudicando, no a los primeros que resultaron adjudicatarios en un sorteo pero sí al final, dado el listado de demandantes que hay. Así la vivienda seguro que no va a quedar vacía, aunque queremos que no hubiese ese tránsito de renuncias tan grande».Y precisamente para regular la oferta y la demanda de viviendas de protección oficial en la comunidad autónoma, los ayuntamientos andaluces tendrán que aprobar en pleno una ordenanza que permita crear un registro de demandantes de VPO, según la Junta . De esta forma, cada Ayuntamiento podrá conocer las necesidades reales que existe de construcción de este tipo de inmuebles en su ciudad teniendo datos reales. En este sentido, el consejero de Vivienda ha anunciado que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicará la próxima semana una orden para destinar dos millones de euros al mantenimiento de dichos registros por parte de las corporaciones locales de toda Andalucía. Es una «cantidad inicial» para que los ayuntamientos puedan comenzar a ponerlos en marcha.
