TCAM-NACIONAL/M.J.R
El Consejo de Ministros ha analizado este viernes 13 de marzo de 2012 el Anteproyecto de Ley de intensificación de lucha contra el fraude que completa el Real Decreto Ley de medidas tributarias aprobado el pasado 30 de marzo.
La vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la norma establece medidas adicionales a las ya adoptadas para luchar contra la economía sumergida y el fraude en nuestro país.
Esta futura ley supondrá un mayor rigor contra los defraudadores y fija medidas novedosas para lograr cobrar deudas tributarias defraudadas, como la limitación de los pagos en efectivo a 2.500 euros en operaciones en las que participen empresarios, y la obligación de declarar el patrimonio que se tenga en el extranjero.
La futura ley establece la posibilidad de que la Agencia Tributaria, desde el primer momento, pueda adoptar medidas cautelares que eviten que el deudor se coloque en situación de insolvencia, acometa un alzamiento de bienes o prescriba el delito para que la Agencia no pueda cobrar.
Esta medida se ha justificado desde el Gobierno porque en muchas deudas tributarias que están pendientes por delito fiscal o por expedientes de inspección de Hacienda “el deudor se coloca en situación de insolvencia que impide su cobro después de procesos administrativos muy largos y procesos judiciales muy tortuosos”.
Según la vicepresidenta del Gobierno, en los tribunales españoles hay expedientes fiscales abiertos por 6.000 millones de euros que están pendientes de cobro.
Exclusión del régimen de módulos
El texto aprobado por el Gobierno recoge también modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos. En concreto, se fija la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. Dicha exclusión solo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros anuales.
Las actividades susceptibles de exclusión son las afectadas por la retención del 1%. Entre ellas se encuentran la albañilería, la fontanería, la pintura, la carpintería y el transporte de mercancías por carretera, entre otras.
Reforma del sistema universitario
La vicepresidenta y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, han anunciado también la puesta en marcha de una comisión de doce expertos que tendrá que elevar en seis meses una propuesta para la reforma del sistema universitario, para colocar a la universidad española a los niveles de las europeas y el mundo en general, algo de lo que han asegurado “se encuentra muy lejos”
El número de alumnos, que ya supera el millón y medio, cumple con los objetivos de la Estrategia 2020 y el gasto público en Educación Superior en relación con el PIB se sitúa en los niveles de la OCDE mientras el gasto por estudiante está muy cerca de la media.
Pese a ello, indica Wert, “solamente un tercio de los estudiantes terminan un título sin repetir ningún curso”, media que en la OCDE está en el 40 por ciento, y la tasa de abandono en la universidad es del 30%, el doble que en Europa. “Si esto lo convertimos en dinero, significa que estamos tirando unos 3.000 millones de euros por culpa de este abandono universitario”, ha añadido.
Asimismo, el ministro de Educación ha apuntado que “no hay ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo”, el sistema está “muy poco internacionalizado”, con menos de un cinco por ciento de alumnos extranjeros.
Wert ha incidido también en que acabados los estudios, los resultados no son satisfactorios. “Entre los parados en el tramo de edad de 25 a 29 años, el 21% son universitarios. Si ampliamos la observación para hablar de subempleados, tendríamos un panorama más complicado”, ha asegurado.
El ministro de Educación ha destacado que para afrontar todas estas situaciones el Gobierno organizará la citada comisión de expertos, “personas con mucha experiencia y profundamente comprometidas con la mejora de la universidad” que colaboran de forma “desinteresada y generosa” y que “representan no sólo la excelencia académica en su campo” sino que aportan “generaciones distintas e incluso orientaciones ideológicas” diversas al estudio.
Nacionalización de YPF en Argentina, conflicto con España
La vicepresidenta del Gobierno, en respuesta a las preguntas sobre la situación de la empresa YPF en Argentina, ha asegurado que el Gobierno está trabajando “intensamente y con discreción” en esta cuestión desde enero de 2012 y ha advertido que “no ha va permanecer parado” y que, de persistir en la intención de nacionalizar YPF, el Ejecutivo empleará todos “los instrumentos que tienen a su alcance” para defender los intereses de España.
Además, ha informado de que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación se ha puesto en contacto con el embajador de Argentina para reiterarle la preocupación del Gobierno al respecto.
Respecto a si el presidente tiene intención de reunirse con el líder de la oposición, Sáenz de Santamaría ha hecho hincapié en que “la voluntad de pactar se demuestra andando”. En esta línea, ha dicho que “este Gobierno hablará lo que sea necesario, pero yo creo que los ciudadanos confían en nuestra palabra cuando la palabra la refrendamos”.
Preguntado por los datos económicos de esta semana, Montoro ha respondido que el Gobierno está tomando decisiones para modernizar la estructura productiva de España y poder crear empleo cuanto antes y ha insistido en la importancia del papel de las instituciones europeas en defensa del Euro.
Vacunas contra la gripe para 14 comunidades autónomas
El Consejo de Ministros ha aprobado también un acuerdo por el que se autoriza la compra conjunta de 5,2 millones de dosis de la vacuna de la gripe estacional para la campaña 2012-2013, a la que se han sumado todas las comunidades salvo Andalucía, País Vasco y Cataluña.
Así lo ha anunciado Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha avanzado que con esta medida se puede alcanzar un ahorro de 6,27 millones de euros, ya que se enmarca dentro de las actuaciones puestas en marcha.
Este procedimiento se utilizó por primera vez el año pasado y, en esa ocasión, suscribieron dicho acuerdo Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid para adquirir 3,6 millones de dosis. El ahorro entonces fue de 3,84 millones de euros.
Para esta próxima compra se han sumado Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja. Dado que aún no se conoce el precio real de la adquisición de cada dosis, el ahorro estimado se ha calculado teniendo en cuenta la diferencia de precio de adquisición por dosis por las comunidades autónomas que no entraron en el Acuerdo del año 2011 y aquellas que sí participaron.
