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El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, ha sido imputado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras tras la denuncia presentada por el PSOE barreño contra el primer edil por Prevaricación, Malversación de Fondos y Exacciones Legales, por la operación económica realizada con un particular el pasado 30 de diciembre.
En su denuncia, presentada el pasado 16 de marzo, los socialistas barreños acusan al alcalde de haber podido incurrir en los citados delitos al realizar Esta actuación un supuesto contrato de factoring con el que obtener dinero en préstamo de un particular.
El prestamista privado compró los derechos de cobro de 1’5 millones de euros que la Diputación de Cádiz adelanta al ayuntamiento a cambio un pagaré con fecha de vencimiento de 1 de Abril de 2012 por el que esta persona obtiene un beneficio de 103.544,33 euros en tres meses. En su denuncia, el PSOE reflejó el interés que supone la operación, un 28% interanual, muy por encima del interés legal del dinero, que ronda el 5%, y del interés del mercado para operaciones de crédito con las entidades financieras.
Los socialistas barreños basan la denuncia de todas las irregularidades que se han podido producir en esta operación basándose en los propios informes desfavorables la Intervención y Tesorería municipal. Los funcionarios Habilitados del Consistorio, entre otras advertencias realizadas en el informe, detallaron textualmente que que no se trataba realmente de un contrato de factoring, sino que “se trata de una operación de Tesorería encubierta”.
El PSOE destaca que Romero, a pesar de ser advertido y censurado por el informe desfavorable que realizaron conjuntamente la Intervención y Tesorería municipal, decide continuar adelante con la operación, asumiendo personalmente la responsabilidad. Para los socialistas barreños, este informe conjunto de la Interventora y Tesorero acredita la ilegalidad de la operación y la simulación de la misma como una operación de factoring.
Según los hechos denunciados, la actuación del Alcalde puede ser constitutiva de un delito de Prevaricación, que llevaría aparejada una pena de inhabilitación para el desempeño de empleo y cargo público por un periodo de 7 a 10 años, un posible delito de Malversación de Fondos y otro de Exacciones Legales al simular un contrato, que puede conllevar una condena de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación por un periodo de 6 a 10 años.
