La Fiscalía debe informar sobre la admisión a trámite de la denuncia por dos presuntas agresiones sexuales presentada por una militante del PP. La pérdida de su condición de senador podría llevar el caso a los tribunales ordinarios de Algeciras.
El futuro judicial del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, atraviesa un momento decisivo. La denuncia presentada ante el Tribunal Supremo por una militante del Partido Popular por dos presuntas agresiones sexuales se encuentra pendiente del informe de la Fiscalía, mientras la pérdida de su condición de senador abre la posibilidad de que el asunto termine en los juzgados ordinarios de Algeciras.
La situación parlamentaria del regidor ha cambiado tras la disolución de las Cortes, una circunstancia que afecta al aforamiento que determinaba qué tribunal debía examinar las actuaciones penales contra él. Por ahora, la denuncia no ha sido admitida a trámite y la Sala de lo Penal del Supremo debe decidir cómo proceder.
La Fiscalía, primer paso para decidir el futuro de la denuncia
El abogado de la denunciante presentó el pasado 2 de septiembre un escrito de aproximadamente 120 folios ante el Tribunal Supremo. Según la información conocida, la Sala de lo Penal ha solicitado a la Fiscalía un informe sobre la posible admisión de la denuncia, sin que hasta el momento se haya comunicado una respuesta definitiva.
La decisión judicial deberá aclarar si el Supremo mantiene la competencia para examinar el asunto o si, debido a la nueva situación parlamentaria de Landaluce, corresponde trasladar las actuaciones a otro órgano judicial.
La denuncia atribuye al alcalde dos presuntas agresiones sexuales que habrían ocurrido entre diciembre de 2020 y la primavera de 2021, una en un centro médico y otra en dependencias municipales. Se trata de acusaciones que deberán ser examinadas judicialmente y cuya veracidad no ha sido determinada.
La pérdida del aforamiento cambia el escenario
La condición de senador otorgaba a Landaluce una protección procesal específica: las causas penales contra él correspondían al Tribunal Supremo, en los términos establecidos por la legislación.
Sin embargo, la disolución de las Cortes y la situación parlamentaria del alcalde abren un escenario distinto. La protección de los miembros de la Diputación Permanente se mantiene hasta la constitución de las nuevas cámaras, pero Landaluce había dejado de formar parte de ese órgano en diciembre de 2025.
Desde entonces, el regidor había quedado fuera de esa protección parlamentaria específica, después de abandonar la militancia del PP y pasar al Grupo Mixto del Senado tras las controversias judiciales y políticas que le afectaban.
Los juzgados de Algeciras, posible destino de las actuaciones
Uno de los escenarios que se contemplan es que el Tribunal Supremo deje de ser competente y remita las actuaciones a los órganos judiciales ordinarios de Algeciras, localidad donde presuntamente habrían ocurrido los hechos denunciados.
En ese caso, correspondería al juzgado competente valorar si existen elementos suficientes para iniciar diligencias de investigación.
La pérdida del aforamiento no implica que la denuncia quede archivada automáticamente ni supone un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia del alcalde. Se trata, fundamentalmente, de determinar qué órgano judicial debe examinar los hechos.
También existe la posibilidad de que el Supremo acuerde no admitir la denuncia. Si la decisión se fundamentara únicamente en una cuestión de competencia, ello no equivaldría a determinar que las acusaciones son falsas ni impediría necesariamente que la denunciante acudiera al tribunal correspondiente.
Un procedimiento sin calendario definido
La causa permanece pendiente del informe de la Fiscalía y de la posterior decisión de la Sala de lo Penal. Por el momento, no hay una fecha pública para conocer el desenlace de este trámite.
El caso se desarrolla, además, en un contexto de tensión política en Algeciras, con el futuro de Landaluce dentro del Partido Popular y sus planes electorales también en el centro del debate.
La próxima resolución judicial será determinante para conocer dónde se examinará la denuncia y si se abre una investigación sobre los hechos. Hasta entonces, el procedimiento continúa en una fase preliminar y las acusaciones mantienen su carácter de presuntas.
