“Desde Izquierda Unida entendemos que una institución de la máxima solvencia e independencia, como es el caso de la Cámara de Cuentas, puede ser un recurso adecuado para contar con otra opinión respecto a la gestión que Aqualia ha desempañado en el servicio de aguas de nuestra ciudad” afirmaba el responsable de asuntos económicos de la federación de izquierdas.
Para el representante de IU sería sumamente clarificador poder contar con un informe de esta entidad en el que se estudie el cumplimiento de la legalidad y de los principios de eficacia económica durante su gestión en los años de existencia de esta sociedad. “Es otras opción para intentar restituir a lo público lo que desde este organización entendemos que ha sido un mal negocio para los intereses de la ciudadanía algecireña” sentenciaba Alcántara.
De igual modo, el portavoz económico de la federación de izquierdas ha reiterado que, a criterio su formación política, en estos momentos nos estamos enfrentando a las consecuencias de las decisiones políticas tomadas en el pasado y en las que los intereses generales de Algeciras han quedado muy mal parados. “La política privatizadora del servicio de aguas que protagonizaron populares y andalucistas en la década de los 90 y su posterior desarrollo ha dejado patente que esos modelos de gestión solo sirven a los intereses de las empresas y no de los de la ciudadanía”.
Para Izquierda Unida resulta lamentable que el PA y el PP intenten esconder sus responsabilidades con discursos ambiguos, siendo incapaces de asumir las consecuencias de sus decisiones y de los acuerdos plenarios que impulsaron y respaldaron, “la derecha y las políticas de derechas nos enfrentan a situaciones como las que padece EMALGESA” afirmaba José Luís Alcántara quien reiteraba que su formación política seguirá trabajando para restituir el interés general y para intentar rescatar este servicio, siempre que existan marco legal para eludir el pago del lucro cesante.
En las próximas semanas el grupo municipal de IU en el consistorio algecireño arbitrará las medidas necesarias para que el ayuntamiento adopte el acuerdo pertinente con el objeto de remitir la solicitud a la Cámara de Cuentas de Andalucía.
