Un pacto de rentas para el país. Por Ángel Luis Jiménez

Es imprescindible un pacto de rentas para este país, si queremos evitar que siga creciendo el actual brote de inflación y sus consecuencias en la capacidad de compra de los hogares, el malestar social y el crecimiento de la economía.

El malestar social generado por la escalada de los costes energéticos es evidente. Prueba de este malestar fue la huelga de transportistas. Además, esta huelga ha dejado huella en los indicadores de la coyuntura económica. Algo parecido pasó con la crisis energética de los años setenta, cuya solución vino de los pactos de la Moncloa.

La cifra de negocios en la industria registró un descenso en marzo del 6,1% (según el índice del INE corregido de estacionalidad y calendario). En los servicios, el descenso alcanzó el 3,3% en el mismo mes (según el IASS corregido del INE). Destaca la caída de las ventas, así como de todos los servicios afectados por la huelga de transportes.

Así que se hace imprescindible un pacto de rentas, si no queremos trasladar a los sueldos de los trabajadores y al precio de las empresas esta pérdida de riqueza, pero un pacto de rentas para todas las rentas: Beneficios empresariales, salarios privados y públicos. Y también de las pensiones en proporción, no todas son iguales.

No olvidemos que parte de esa inflación es fruto directo de la pandemia y de la guerra de Rusia en Ucrania. Y ya sabemos que, si baja el paro, sube la inflación. ¿Por qué? A finales de los años 50 del siglo pasado, Phillips, un hasta entonces desconocido economista, descubrió la relación inversa que había entre el paro y los precios.

Un aumento del desempleo lleva a una bajada de la inflación y viceversa. Esta relación entre el paro y los precios se llamó la curva de Phillips. 20 años después, durante las guerras del petróleo de los años setenta, aquella vinculación dejó de funcionar. Se alzaban al mismo tiempo los precios y el paro. A esa nueva situación se le llamó estanflación.

La estanflación es lo peor. Esta es una palabra compuesta a partir de estancamiento e inflación, que indica el momento o coyuntura económica en que, dentro de una situación inflacionaria, se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no cede.

Pero, ¡oh! casualidad en este mes de mayo pasado ha vuelto a funcionar la curva de Phillips. Ha bajado bastante el desempleo y ha aumentado mucho la inflación. Ahora se trata de que no vuelva a nuestras vidas la estanflación. Una recesión económica acompañada de precios borrachos que matan a los que menos tienen.

Hay que dominar o controlar la inflación. Por eso es fundamental un pacto de rentas, que exige que todos los ciudadanos asuman su parte en la pérdida de renta real, como ocurrió en los Pactos de la Moncloa. Los Estados tienen poco margen para luchar contra el actual brote de inflación, si no pueden devaluar la moneda.

Existe otra solución, el “dique de contención” holandés (el llamado modelo pólder). El objetivo más evidente es evitar una espiral de precios y salarios nefasta para la competitividad y la cohesión social. Este pacto de rentas también aportaría algo de previsibilidad para nuestra economía, importante en un contexto internacional tan incierto.

Sin embargo, para posibilitar tal acuerdo se precisa tener en cuenta tres circunstancias. La primera atañe a la duración de la crisis energética. La decisión de topar el precio del gas que entra en el mercado eléctrico es un paso acertado en la dirección de la desescalada, como reconoce el Banco de España en su informe anual.

Además, los mercados a plazo apuntan a unos precios tensionados del petróleo y del gas hasta la primavera del 2023. Y una posterior suavización fruto de las inversiones en renovables y de los esfuerzos de ahorro energético que se están realizando (aunque todavía queda mucho por hacer).

La heterogeneidad de situaciones entre sectores, exacerbada por la aceleración de los cambios estructurales como consecuencia de la pandemia, es otra complicación de cara a un acuerdo de conjunto. Algunas actividades como las tecnológicas y la logística se enfrentan a una escasez de mano de obra o, en el caso de la agricultura en determinados territorios, a una demanda boyante que dificulta la contención.

Pero, el debate actual es dicotómico. Unos abogan por incrementos salariales en función de la inflación prevista, con un riesgo de desvío asumido por los trabajadores. Y otros, por pactos con indiciación o indexación total en función de la inflación real, algo que amenaza la competitividad de las empresas. También existen fórmulas intermedias como realizar compensaciones ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que no se perpetúen en futuros convenios.

De momento, el mercado laboral está respondiendo con moderación. Los salarios pactados se incrementan por debajo del 2,5%, dos puntos menos que el IPC subyacente. Pese al crecimiento del empleo, los hogares soportan una pérdida de capacidad de compra: este año, descontando la inflación, su renta disponible se habrá reducido un 5,7% en relación a 2019, según las previsiones de la Comisión Europea.

En suma, parece ser el momento oportuno para un acuerdo amplio, que abarque el conjunto de cuestiones -márgenes empresariales, salarios y pensiones-, teniendo en cuenta las características del shock energético y geopolítico que se adentra inexorablemente en nuestra economía. Hasta el Banco de España urge a un pacto de rentas en el que trabajadores y empresas se repartan el coste de la inflación para la recuperación económica. Porque, sí todos asumen esa pérdida a corto, se traduciría en una ganancia a medio y largo plazo.