Es un texto abierto que condensa las ideas que las comunidades, los partidos y las entidades educativas remitieron previamente al ministro. En el plano legislativo, es un texto que obliga a cambiar la Ley Orgánica de Educación y las leyes autonómicas que surgieron de ella (la andaluza, la catalana y la cántabra). En el plano político, plantea cambios que chirrían con el programa electoral del PSOE, del PP, de IU y de los partidos nacionalistas. El ministro dijo ayer que cualquier modificación “deberá contar con el apoyo de dos tercios del Parlamento como gesto de lealtad institucional”, un requisito complicado, toda vez que ninguna de las seis leyes de educación de la democracia ha contado tantos apoyos. “No queremos que ninguna nueva medida sea imperativo del Gobierno sino que se acepte de forma consensuada”, dijo Gabilondo.Los pros y los contrasEl documento será revisado en la comisión sectorial dentro de un mes, cuando las comunidades lo hayan analizado y reenvíen sus pros y sus contras al ministro. Algunos puntos del pacto son meras intenciones, otras son propuestas concretas. Estos son algunos puntos claves: Primaria y ESO El cambio más sustancial que se propone está en el último curso de Secundaria. “La población escolar cursará 12 años de enseñanzas comunes y un último curso con dos perfiles para lograr el mismo título a fin de facilitar la orientación hacia el Bachillerato o la FP”. El salto de 4o de ESO a 1o de Bachillerato o FP es el fin de la escolarización obligatoria. Más de un tercio de los alumnos españoles tropieza en ese peldaño y sale del sistema escolar de forma prematura, incorporándose al mundo laboral sin la suficiente formación. El ministerio cree que en ese tránsito se concentran los males del sistema: después de 14 años de enseñanza obligatoria, los chavales tienen que elegir de un año para otro entre dos modelos de educación hasta hace poco irreconciliables. La propuesta del Gobierno para eliminar ese vértigo consiste en hacer del último curso de la ESO un año de “carácter orientador” con dos perfiles, uno para especializarse en estudios preuniversitarios (Bachillerato) y otro para estudios profesionales (FP de grado medio). ¿Cómo funcionará en la práctica? Se adelantaría la dinámica del Bachillerato a la ESO -parecido a lo que proponía el PP-: se mantienen las asignaturas comunes y se crean materias específicas enfocadas a la FP o a uno de los tres Bachilleratos: Artes, Humanidades y Ciencias Sociales y Científico-Tecnológico. Bachillerato y FP
Pero incluso cuando el alumno haya optado por una de las dos opciones, no renunciará del todo a la otra. El Gobierno permitirá rectificar y cambiar de opción sin perder años de estudio. Lo hará estableciendo “convalidaciones recíprocas entre Bachillerato y ciclos de FP”. Además se pretende corregir uno de los desequilibrios actuales del sistema, a saber: que los contenidos de las pruebas de acceso a la Universidad tengan poco o nada que ver con los contenidos que se imparten en Secundaria y en Bachillerato. Para ello se facilitará la coordinación entre universidades e institutos de ESO. Empleo joven Otra idea que abunda en la “flexibilización” del sistema es la de ofrecer “ayudas a empresas para ofertar contratos de trabajo, en particular, a menores de 24 años, que contemplen una parte del tiempo dedicado a la formación necesaria para obtener la titulación básica”. También se ofertarán ayudas directas a jóvenes de 24 años con trabajo pero sin titulación básica para que puedan completar su formación. Profesorado En este punto se retoma uno de las apuestas incumplidas por el Gobierno en la pasada legislatura: el Estatuto Básico de la Función Pública Docente, que definirá la carrera docente con incentivos económicos y promoción profesional a los mejores profesores. También se apuesta por revisar la formación del profesorado y la selección de los futuros docentes en función del periodo de prácticas que pasaran en algún colegio. Becas y gastos El Gobierno se asegurará de que al menos el 50% de los alumnos de ESO, Bachillerato y FP tengan beca. También hay un propósito de ampliar la financiación de educación hasta equipararla a la media de la UE. Ahora España invierte un 4,9% en educación y debería llegar al 5,5% antes de 2015. Además el pacto comprometería al Estado y a las comunidades a firmar una memoria económica que, al margen del gasto educativo de cada administración, obligaría a librar un plus de los presupuestos estatal y autonómicos para costear las medidas que desarrolla el pacto.
