IAM/Redacción Este martes se ha reunido una delegación de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras-Anesco-, con la presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón para ofrecer la colaboración de la patronal, de referencia en el sector de la estiba, para trabajar en mejoras del sistemas portuarios.
Así, Anesco ha puntuado su visión sobre la situación del sector, que se encuentra pendiente de aprobar el desarrollo reglamentario con objeto de completar el marco jurídico del servicio de manipulación de mercancías en los puertos. En este sentido, ha reiterado que es necesario aprobarla con la mayor celeridad posible, contemplando las alegaciones presentadas para perfeccionar esta norma.Del mismo modo, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras ha recordado que, entre las materias que propone, se contemplen dentro del marco regulatorio: la flexibilización de la capacitación profesional requerida para los trabajos que realicen labores de estiba, la consideración de peculiaridades técnicas propias del sector de la estiba respecto a la regulación general de las empresas de trabajo temporal (cálculo de garantías, requerimientos para la formalización de contratos, obligaciones de comunicación a la autoridad laboral, entre otros.) y la inclusión del colectivo de estibadores que estaban en el antiguo régimen de relación laboral común y personal de estructura de las SAGEP entre los posibles beneficiarios del sistema de ayudas por prejubilación.También ha transmitido Anesco a la presidenta de Puertos del Estado su firme y constante compromiso con la búsqueda de acuerdos con organizaciones sindicales, gobierno y conjunto de fuerzas políticas para definir soluciones consensuadas, tanto en el ámbito del marco normativo como en la negociación colectiva sectorial estatal.En otro orden de cosas, la asociación empresarial ha presentado a la responsable de Puertos del Estado varias propuestas que mejorarían el sistema portuario: plan de digitalización de los puertos liderado por el sector público; mayor participación de las empresas y resto de agentes implicados en la tramitación de los planes de empresa de las Autoridades Portuaria (permitiendo la posibilidad de audiencia a interesados); y la bajada del tipo de gravamen de la tasa de ocupación del dominio público portuario.