IAM/Redacción El vicesecretario de Política Municipal del Partido Popular de Algeciras, Luis Ángel Fernández, en relación con la reclamación del Banco Santander de 17 millones de euros por un contrato de swap firmado por el alcalde Tomás Herrera en el año 2009; exige al PSOE y al asesor de Tomás Herrera, Fernando Silva, que expliquen por qué se hizo una operación con el Santander carente del más mínimo sentido económico y que podría causar, de estimarse las reclamaciones del Banco Santander, que el ayuntamiento tuviera que pagar 17 millones de euros, lo que evidencia que “el asesor socialista Fernando Silva es una ruina para Algeciras”.
En este sentido, Fernández ha indicado que el swap no es un préstamo, por lo que el ayuntamiento no ha recibido nada del Banco Santander, sino que se trata de una operación de derivados para cubrir al ayuntamiento sobre una posible inflación que superase el 4,5% anual, cuestión que ya en aquellos años era prácticamente imposible que se alcanzase. Asimismo, ha insistido el dirigente popular “es un absurdo que un ayuntamiento firme este tipo de operaciones para cubrirse de la inflación, ya que ni los ingresos ni los gastos municipales están condicionados por ese parámetro. Como es sabido, el Partido Popular anuló esa operación en el pleno del ayuntamiento, previo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, ya que, además de que hubiera costado un millón de euros al año, dicha operación se había hecho de manera absolutamente ilegal, al no haber contado el entonces gobierno socialista con el respaldo expreso de la Corporación Municipal de 2009. Fernández ha indicado que “estar pleiteando con una reclamación de 17 millones de euros por una decisión del gobierno del PSOE carente de explicación lógica, no debería quedar sin responsabilidades no solo por parte del entonces alcalde socialista, sino también por parte de su asesor principal, Fernando Silva, y del resto de miembros de aquel gobierno”. Finalmente, ha afirmado que “asesores como Fernando Silva que cobran sueldos millonarios, tienen que tener una responsabilidad moral y legal sobre lo que asesoran, por lo que en casos como este en que su asesoramiento podría costar muchos millones de euros al ayuntamiento, debe también asumir su responsabilidad”.
