IAM/Redacción En respuesta a la pregunta formulada por la diputada de Izquierda Unida, Eva García Sempere, del grupo parlamentario de Unidos Podemos, el Gobierno de España ha informado que desde su criterio el cierre de la desembocadura del Río Guadiaro en San Roque es un “fenómeno natural, recurrente y esperado que se ocasiona por el fuerte estiaje de estos ríos y por el efecto del oleaje costero”. (Foto Eva García Sempere).
El ministerio sostiene que estos cierres forman parte del normal comportamiento, por lo que sostiene que no existe ningún problema de índole litoral o de protección de la costa que requiera la actuación de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. No obstante, el Gobierno central sitúa el balón en el tejado de la Junta, al señalar “que el referido cierre produce, de manera indirecta, el confinamiento de la fauna piscícola, que pudiera, en su caso, padecer mortandades por anoxia ante la falta de renovación de las aguas. Se trataría, por tanto, de una cuestión de carácter medioambiental, competencia que ostenta la Junta de Andalucía”; desentendiéndose de esta forma de la afectación de esta fenómeno al ecosistema del río.“Se trata de una actuación que es competencia de la Junta de Andalucía y no se considera necesario promover un acuerdo entre Administraciones para abordar de manera coordinada una solución” contesta el Gobierno a la solicitud de cooperación institucional que reclamaba Izquierda Unida. En lo que esta formación política califica de lamentable falta de dialogo institucional.Para justificar sus actuaciones en ocasiones anteriores, el Gobierno sostiene que bien es cierto que en anteriores ocasiones la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha retirado arena de dicha zona, se señala que su finalidad fue la obtención del material para la regeneración de playas de San Roque. En lo que Izquierda Unida considera una burda excusa para intentar ocultar que para estas actuaciones se realizan en función del color político que gobierne el ayuntamiento en cada momento.“Que la política medioambiental sea objeto de la pugna política entre administraciones resulta lamentable y pone de manifiesto la irresponsabilidad política de nuestros actuales gobernantes” concluyen desde Izquierda Unida.
