IAM/Redacción Este martes el Diputado andaluz de Unidos Podemos Sergio Pascual ha defendido la necesidad de enmendar la Moción presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos sobre el Corredor Mediterráneo. En el texto de la enmienda se exige “ la agilización de la adjudicación del nuevo trazado del tramo Algeciras – Bobadilla en su versión Altas Prestaciones”. (Foto tren).
Según el diputado andaluz en la Comisión de Fomento “es lamentable que Ciudadanos incluya el Algeciras-Bobadilla como su séptima prioridad”, a lo que ha añadido que “no basta con encargar a la Oficina Nacional de Evaluación la supervisión de gálibos y apartaderos, el Algeciras – Bobadilla es una obra capital para el futuro de Andalucía que requiere prioridad absoluta, financiación, finalización de la DIA y adjudicación inmediata de los tramos pendientes”.Para el diputado andaluz “El Algeciras-Bobadilla liberaría potencial transformador como para hacer del Campo de Gibraltar el mayor polo económico del país en 30 años, una deuda histórica con nuestra tierra”. El puerto de Algeciras es con mucho el mayor puerto de tránsito de contenedores del Mediterráneo, el mayor del sur del Europa. Su inmejorable ubicación geográfica y su potencialidad en capital humano y proximidad cultural a tres continentes lo convierten en uno de los nodos logísticos internacionales con mayor potencialidad de un mundo en el que el comercio y por tanto la distribución crecen exponencialmente (ha pasado del 30% en 1995 al 50% del PIB mundial en 2015).La finalización del Algeciras-Bobadilla no sólo reduciría los costes en al menos un 40% para los operadores de mercancías, sino que ganarían en fiabilidad y precisión, un factor clave en la economía just in time de las cadenas de producción/distribución actuales.Podemos quiso recordar que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del pasado año 2017, en el anexo de inversiones reales se consignaron 20 millones de euros para 2017 y 128 millones repartidos entre 2018 y 2020. Esta cifra está muy lejos de los 711,47 millones de euros que el propio ministerio reconocía en noviembre de 2011 durante el proceso de información pública del Estudio Informativo para la opción más económica, una línea de altas prestaciones.
