En un comunicado de prensa la asociación campogibraltareña señala que “día tras día, durante todo este año, ha sido inevitable escuchar en los medios de comunicación cómo nuestra economía se encuentra en crisis. Primero fueron las empresas constructoras y las inmobiliarias, después las entidades financieras, la industria automovilística, la agricultura y la ganadería, el pequeño comercio,… La tradicionalmente alta tasa de desempleo existente en Andalucía ha ido creciendo hasta llegar a las 994.400 personas paradas (25,64%), según la última Encuesta de Población Activa. Difícil ha sido encontrar una familia en la que ninguno de sus miembros no haya perdido el trabajo por cuenta ajena o haya tenido que cerrar su pequeño negocio. En este año 2009 nadie cuestiona la crisis. A casi todos nos ha llegado de alguna manera. Pero antes de la crisis había en Andalucía 440.000 personas excluidas, que no se benefician de las épocas de bonanzas pero que les afectan los recortes presupuestarios y la paralización, y van ya 10 años, de la necesaria Ley de Inclusión para Andalucía.
La Andalucía Invisible, la que no interesa a las Administraciones, las casi 7.000 personas, según Cáritas, que no tienen un hogar donde vivir y tienen que dormir en la calle. Con comedores sociales que, según Cáritas, no dan abasto y con falta de recursos y presupuesto para las necesidades reales de la ciudadanía que la demanda. Actualmente no solo acuden personas con problemas de drogadicción o enfermedad metal, sino muchas otras que hasta hace tan solo un año, veía ese mundo lejano y distante.
La Andalucía Invisible de las personas que viven en barrios marginales, abandonados por las distintas Administraciones, que nunca progresaron en las épocas de bonanza económica pero que se explican desde los desarrollos desiguales en los Planes Generales de Ordenación Urbana de las grandes ciudades: zonas con todos los medios y otras donde la impunidad y la ley de la selva son el pan nuestro de cada día. Tráfico de armas y de drogas consentido para barrios estigmatizados en los que mucha gente vive en ellos porque no tienen posibilidades económicas de salir o porque intenta resistir gracias a su compromiso firme y su espíritu de lucha que le lleva a trabajar por unos barrios y unas ciudades humanas y habitables para todas las personas.
La Andalucía Invisible de los asentamientos chabolistas tradicionales en lo que malviven, rodeados de basura y ratas, cientos de familias andaluzas, y el fracasado Plan Integral para la Erradicación del Chabolismo en Andalucía (1997) como muestra el último Informe sobre Chabolismo en Andalucía del Defensor del Pueblo. Los nuevos chabolismos de los que habla el citado informe y que ahí siguen para quienes quieran visitarlos y ver la continúa dejación de las personas que nos gobiernan. La constante ausencia de medidas sociales que incidan en las causas de la exclusión. La vergüenza de un fenómeno difícil de explicar: el que a pesar de los recursos económicos que desde siempre ha dispuesto la administración pública haya sido incapaz de erradicar el chabolismo y que hasta hoy la mayoría de los asentamientos de chabolas que se han eliminado ha sido porque estaban ubicados en un espacio atractivo para la especulación urbanística, que a cambio de dinero y sin ninguna política social llevada a cabo, han desplazado a las personas chabolistas a otras zonas de la ciudad ya de por sí deprimidas, generando guetos y zonas de gran exclusión social.
La Andalucía Invisible de las personas presas y sus familiares. Cárceles que no son aptas para la reinserción de las personas sino espacios para apartar y hacinar a muchas ciudadanos excluidos, de sus familias y de la sociedad. La media de reclusos en las instituciones penitenciarias es del 170%, en Andalucía es del 188% y la señal inequívoca del fracaso es el casi 70% de reincidencia delictiva. La gran mayoría de ellos provienen de barriadas y ambientes de marginación. Especialmente destacable es el abandono que sufren las personas enfermas: el 80% es drogodependiente, el 10% padecen VIH, el 33% Hepatitis (en la población española la tasa es del 2%), y el 5% Tuberculosis, la asistencia es tremendamente deficitaria como hemos denunciado en varios de nuestros informes sobre sanidad en prisión. Especialmente escandalosa es la situación que sufren las personas con enfermedad mental (el 8% de la población reclusa padece una enfermedad mental grave y el 40% tiene trastornos mentales y de personalidad ), sin tratamientos especializados y sin recursos socio-sanitarios. A pesar de todos ello, existe una tendencia cada vez mayor del uso de la pena privativa de libertad como recurso preferente de solucionar los conflictos sociales. Sin embrago, no tiene otra función real que la de arrinconar y acallar el fracaso del sistema usando nuevo guetos de marginalidad y ostracismo.
La Andalucía Invisible de las personas Inmigrantes a las que la “crisis” deja totalmente desprotegidos, vulnerables y usados como chivos expiatorios. Que tienen que trabajar en condiciones de total precariedad. Personas que en no pocas ocasiones sufren el racismo e incluso ataques xenófobos, muchas veces potenciados por extrañas ideas de que la solidaridad empieza por casa: “primero los españoles y luego los demás”. Miramos hacia otro lado cuando nuestro país permite la detención de personas que no cometen delitos en centros de retención e internamiento de inmigrantes hasta 60 días, por aspirar a buscarse la vida como todo el mundo. En los CIES los derechos humanos brillan por su ausencia y las condiciones humanas son deplorables . En Andalucía existen 3 CIES, y una de nuestras principales reivindicaciones es su cierre sin dilaciones.
La Andalucía invisible de las miles de mujeres que ejercen la prostitución en nuestras ciudades, en quienes recae el estigma, la situación de alegalidad, el vacío y vulneración de sus de derechos. Mantener la situación actual colabora a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la policía y que sigan sufriendo abusos y agresiones. Reivindicamos que se garanticen los derechos laborales básicos, incluyendo a los inmigrantes, lo que implica desvincular la prostitución de aspectos delictivos o penales como el proxenetismo o el tráfico de personas. No es la prostitución lo que hay que eliminar sino las situaciones de injusticia social que viven muchas andaluzas que buscan sus sustento en contextos de prostitución, cuando se ven obligadas a realizar trabajos que no desean en condiciones que les sitúan en inferioridad respecto de terceros. Las nuevas ordenanzas municipales que se van aprobando en nuestra tierra, en cambio, se orientan al uso de medidas represivas y criminalizadotas, y arrebatan a priori su capacidad de erigirse en sus propios representantes sociales .
Junto a estas caras de la Andalucía Invisible también queremos visualizar los rostros de las personas y colectivos que trabajan y luchan en Andalucía por otros modelos de consumo más humanos y respetuosos con el medio ambiente, otros modelos económicos que se basen en la economía real y no en la especulativa, otros modelos sociales y políticos que pongan en valor los Derechos Humanos.
Desde la APDHA exigimos a las Administraciones:
1. Un cambio de rumbo en la política social en el que la erradicación de la exclusión en Andalucía sea el primer punto de todas las agendas y en el que se considere a las personas excluidas como ciudadanos y ciudadanas con todos los derechos y a los que se debe de dar respuesta2. Que hoy más que nunca, se apruebe, de una vez, la tan prometida Ley de Inclusión para Andalucía.3. Que se tenga en cuenta la relación íntima que existe entre la exclusión social con el modelo económico capitalista vigente.4. Que se tenga en cuenta que cuando hablamos de exclusión las políticas deben prever el carácter procesual e integrador de las actuaciones.5. La Renta Básica como derecho.6. Una educación que, desde lo público, garantice los recursos necesarios para atender las necesidades reales que las administraciones bien conocen.7. Que se garantice el derecho al disfrute de la vivienda para todas las personas. 8. Que se eliminen los CIES y la normativa que posibilita la detención de personas inmigrantes que no han cometido delitos, así como se cuestionen las actuales restricciones a la circulación de las personas.9. Que se eliminen las medidas criminalizadoras y punitivas dirigidas directa o indirectamente contra las personas que ejercen la prostitución y que se regulen sus derechos laborales básicos.10. Que se modifique la política penal a fin de erradicar el uso de las prisiones como forma de solucionar los conflictos sociales y ocultar el fracaso de las políticas económicas, sociales y sanitarias, implementando mediadas que apuesten por la prevención y la cultura de la no violencia, por trabajar las causas de los conflictos que busquen otra forma de resolución de los conflictos sociales, que apuesten por políticas sociales serias, por la prevención y por la creación de oportunidades y derechos humanos para todos”..
