IAM/Redacción El subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, Agustín Muñoz Martín, se reafirma en la postura de la administración central de que la apertura de la desembocadura del río Guadiaro para evitar una mortandad de peces cuando ésta se cierra corresponde a la Junta de Andalucía. (Foto Agustín Muñoz).
“Por más que el alcalde, Ruiz Boix, y el delegado de la Junta de Andalucía, Acuña, manifiesten con tanta insistencia y complicidad que esa apertura compete al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y su Demarcación de Andalucía-Atlántico en Cádiz -afirma Agustín Muñoz-, no dejan de eludir sus responsabilidades, porque la apertura en ese caso está en manos de la Consejería que representa el Sr. Acuña en esta provincia”.El subdelegado subraya que la amenaza del alcalde sanroqueño de ir a los tribunales contra los representantes de la administración central por no actuar en los periódicos cierres de la desembocadura del río Guadiaro “en modo alguno nos preocupa”, porque en la Delegación del Gobierno, en Costas y en esta Subdelegación “lo tenemos bien claro desde el primer momento”, de ahí que exija al alcalde de San Roque una rectificación en sus declaraciones tras la reunión de ayer y “que muestre esa virulencia verbal con los que no cumplen con sus competencias y responsabilidades, que no es precisamente Costas ni el Gobierno de España”.Muñoz Martín afirma que ante la persistencia del delegado territorial autonómico y del alcalde en la reunión celebrada en el día de ayer de pasar la responsabilidad a Costas, “se les dejó bien claro que las competencias están recogidas en la propia Ley de Costas, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en el decreto de traspaso de competencias del Estado a la Comunidad Autónoma”, valorando que tras ello, “no cabe discusión alguna, a no ser que todo sea una cortina de humo orquestada con el único propósito de atacar al Gobierno del Partido Poopular”.Muñoz pregunta al alcalde sanroqueño “si conociendo que este cierre de la desembocadura se produce todos los años, que es periódico y recurrente, por qué no ha exigido al Gobierno de España antes de la llegada de Mariano Rajoy esa apertura, por qué no ha amenazado con denuncias, ni ha convocado entonces reuniones como la de ayer miércoles, que desde su comienzo vimos que sólo era para escenificar un frente contra el Gobierno, pasando de ser un mero convocante para aclarar competencias entre otras administraciones, a convertirse en juez y parte”, recordando al alcalde que incluso no dejó intervenir en profundidad a su asesor jurídico, al plantear éste al comienzo dudas competenciales, “y que la única conclusión que ha sacado es la de amenazar con denuncias a representantes del Gobierno y de la administración central dentro de su actitud vehemente de ataque preconcebido al Gobierno de Rajoy”.El subdelegado del Gobierno considera que las manifestaciones de los responsables municipal y autonómico tras la reunión celebrada ayer “sólo persiguen eludir responsabilidades ni ejercer competencias propias en el caso de la Junta”, habiéndose tergiversado por ambos responsables institucionales la situación al aludir a la actuación que hizo Costas anteriormente en el Guadiaro “para regenerar las playas de la zona, como ha ocurrido el pasado año y éste 2017, que sí es responsabilidad de Costas, y no cuando se trata de un problema medioambiental, competencia autonómica si lo que se quiere es proteger la fauna”, y más aún tratándose de un LIC.En este sentido, el representante estatal cuestiona cómo el propio delegado territorial durante la reunión llegó a reconocer que desconocía que entre las competencias de su consejería está la de ejecutar obras en DPMT, “demostrando que desconoce el contenido del RD 62/2011”.En torno al informe que presentará la Abogacía del Estado, el mismo se ha solicitado en el pasado verano ante la “injustificada” insistencia del Ayuntamiento de San Roque, “y con el único fin de actuar bajo los criterios de legalidad a los que estamos obligadas las administraciones públicas”, confiando que en cuanto se traslade dicho dictámen “de una vez por todas quede zanjada cualquier polémica institucional y política sobre este problema medioambiental que todos los años se produce en el Guadiaro”.
